EMERGENCIA AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL MANTARO

Escribe: Pedro Morales Mansilla.

La descontaminación del Río Mantaro ha sido y continua siendo   “caballito de batalla” para ciertos personajes, no solo  candidatos, también para  autoridades ya elegidas como aquella que anunció bañarse y beber agua del río  antes que finalice se segundo mandato presidencial o para la otra de ámbito provincial, que a inicios de 1999 organizó una caminata  hacía la Oroya con esa finalidad. Al margen de la payasada que significó esta última,  ambas actitudes sirven de ejemplo de cómo los improvisados utilizan este  grave problema para sus intereses subalternos.

Para viabilizar la solución al problema, dentro del nuevo marco de competencias que resultan  para los niveles de gobierno en el proceso de descentralización que se desarrolla en  nuestro país, presentamos en el año Legislativo 2002-2003 el  Proyecto de Ley N° 5453 que dio origen a la Ley 28082 publicada el 03/10/2003 que declaró por espacio de dos años la Emergencia Ambiental de la Cuenca del Río Mantaro a fin de efectivizar acciones de descontaminación y remediación; cerca al vencimiento del plazo, convocamos  para que informen ante al Congreso de la República -como disponía el dispositivo-  a los entonces presidentes regionales de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho, responsables del cumplimiento de la ley.

La evaluación fue decepcionante, nada o casi nada habían hecho  los “dignatarios” regionales por cumplir la ley, lo que nos obligó a presentar el Proyecto de Ley N° 13163 que dio origen a la  Ley 28608 que amplia el plazo  de la emergencia a siete años -es decir cinco años más- y señala con mayor precisión a los responsables  de su cumplimiento, presidentes regionales, ministerios de Energía y de Salud y CONAM; así como precisa los mecanismos y fórmulas de financiamiento y encarga expresamente a la Contraloría General de la República  a realizar una auditoria ambiental cada tres años a fin de evaluar los avances en la descontaminación.

El cinco de octubre del presente año expiró el plazo de la declaratoria de emergencia y aparte de la solución al problema del túnel Kingsmill, encaminada  gracias a nuestras gestiones –según  declaraciones públicas del Presidente Toledo en una ceremonia en  Palacio de Gobierno- al finalizar el gobierno anterior y culminada por la Chinalco, la cuenca sigue contaminada por relaves mineros, arrojo de basura, aguas servidas, etc. mientras los actores que la ley designó para cumplir con la descontaminación y  remediación, congresistas, ministros, presidentes regionales y otros funcionarios de menor jerarquía están pasando “piola”, como si con ellos no fuera la cosa.

 Retomaré el tema, con la autoridad moral conferida por la autoría de la norma que han incumplido.